En 2023, más de 4,500 conflictos agrarios permanecían sin resolverse en México, afectando a comunidades enteras que luchan por terrenos que legalmente les pertenecen. Detrás de cada caso hay décadas de historia, artículos constitucionales que pocos conocen y un sistema legal único en América Latina. ¿Cómo llegamos aquí?
Los Orígenes: Cuando la Tierra se Convirtió en Revolución
El Derecho Agrario mexicano nació de la sangre y el sudor de la Revolución de 1910. Mientras Zapata exigía "Tierra y Libertad" en Morelos, el país enfrentaba una realidad brutal: el 1% de la población controlaba el 97% de la tierra cultivable. No era solo inequidad económica; era un sistema feudal apenas disfrazado de modernidad porfiriana.
La Constitución de 1917 cambió todo con el Artículo 27, una joya jurídica radical para su época. Declaró que la propiedad de tierras y aguas corresponde originalmente a la Nación, quien tiene el derecho de transmitir el dominio a particulares. Este principio rompió siglos de tradición jurídica heredada de España y estableció un modelo que aún hoy genera debates apasionados en facultades de derecho.
Entre 1917 y 1992, México redistribuyó más de 100 millones de hectáreas a través del sistema ejidal y comunal. Fue una de las reformas agrarias más extensas del siglo XX a nivel mundial, creando un marco legal que fusionaba derecho público, privado, social y ambiental de formas nunca antes vistas.
El Sistema Ejidal: Una Estructura Legal Única
El ejido representa una de las creaciones más originales del derecho mexicano. No es propiedad privada clásica, pero tampoco propiedad estatal. Es una forma colectiva donde la tierra pertenece al núcleo agrario, mientras que los derechos de uso y usufructo se asignan individualmente a los ejidatarios.
Esta estructura genera complejidades fascinantes. Un ejidatario no puede vender libremente su parcela como si fuera propiedad privada convencional. Debe seguir procedimientos específicos establecidos en la Ley Agraria de 1992, que requieren aprobación de asambleas, avisos al Registro Agrario Nacional y respeto al derecho del tanto de otros ejidatarios. Son capas de regulación que convierten cada transacción en un ejercicio de derecho especializado.
Hoy existen aproximadamente 32,000 ejidos y comunidades agrarias en México, abarcando más del 50% del territorio nacional. Dentro de ellos viven cerca de 5.5 millones de ejidatarios y comuneros cuyos derechos están protegidos por tribunales agrarios especializados, completamente separados del sistema judicial ordinario.
Los Tribunales Agrarios: Justicia Especializada
México cuenta con un sistema de tribunales agrarios autónomos creados en 1992, encabezados por el Tribunal Superior Agrario. Estos tribunales tienen competencia exclusiva sobre controversias de límites de tierras ejidales y comunales, restitución de tierras, nulidad de resoluciones emitidas por autoridades agrarias, y sucesión de derechos ejidales.
La especialización no es capricho burocrático. El Derecho Agrario mexicano combina elementos de derecho constitucional, civil, administrativo y hasta antropológico cuando se trata de comunidades indígenas con sistemas normativos propios. Un magistrado agrario debe entender tanto de prescripción adquisitiva como de usos y costumbres zapotecas.
La Reforma de 1992: El Giro Neoliberal
En 1992, el gobierno de Carlos Salinas modificó el Artículo 27 constitucional, declarando el fin del reparto agrario y permitiendo la privatización de tierras ejidales. Fue uno de los cambios legales más controvertidos de las últimas décadas, defendido por economistas como modernización necesaria y denunciado por movimientos campesinos como traición a los principios revolucionarios.
La reforma estableció el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), que certificó más de 5 millones de parcelas. Por primera vez, ejidatarios podían obtener certificados con validez jurídica plena, vender sus derechos (bajo ciertas condiciones), o incluso aportar tierras a sociedades mercantiles.
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Treinta años después, los resultados son mixtos. Solo el 15% de las tierras ejidales certificadas se han privatizado completamente, muy por debajo de las proyecciones iniciales. Las comunidades agrarias demostraron mayor apego al sistema colectivo del esperado por los reformadores, evidenciando que el Derecho Agrario no es solo norma escrita sino cultura jurídica arraigada.
Desafíos Actuales: Entre la Tradición y la Modernidad
El Derecho Agrario mexicano enfrenta hoy tensiones complejas. Los megaproyectos de infraestructura (Tren Maya, refinerías, parques solares) requieren negociaciones con ejidos y comunidades, generando conflictos que combinan derecho agrario, ambiental, indígena y energético. No existen precedentes claros para muchos casos, obligando a abogados y jueces a construir soluciones sobre la marcha.
La sucesión ejidal presenta otro reto creciente. Miles de ejidatarios originales están falleciendo sin que sus sucesores conozcan los procedimientos legales para heredar derechos parcelarios. El resultado: tierras en limbo jurídico, familias enfrentadas y pérdida de seguridad alimentaria local.
Además, el cambio climático introduce variables inéditas. ¿Cómo se aplica el Derecho Agrario cuando sequías extremas vuelven inviables ejidos completos? ¿Qué derechos tienen las comunidades sobre recursos hídricos compartidos? La legislación agraria tradicional no contempló escenarios de colapso ambiental sistémico.
Nuevas Fronteras: Tecnología y Campo
La digitalización del campo genera interrogantes legales fascinantes. ¿Puede un ejido colectivizar datos agrícolas obtenidos mediante drones y sensores? ¿Quién es propietario de la información generada en parcelas ejidales cuando empresas agrotech proporcionan la tecnología? El Derecho Agrario debe dialogar ahora con derecho digital y propiedad intelectual.
Proyectos de agricultura vertical urbana, cultivos hidropónicos sin tierra y granjas celulares desafían las categorías tradicionales. Si la "agricultura" ya no requiere tierra en sentido clásico, ¿cómo evoluciona un marco legal construido precisamente sobre la relación humano-tierra-producción?
El Futuro del Derecho Agrario: Entre la Justicia Social y la Sostenibilidad
México enfrenta una encrucijada. El Derecho Agrario puede ser herramienta de justicia distributiva, protección ambiental y desarrollo rural sostenible, o convertirse en obstáculo burocrático que frena innovación y mantiene comunidades en pobreza. La diferencia está en cómo se aplique, actualice y reinterprete.
Propuestas recientes buscan fortalecer la función social de la propiedad agraria, vinculando derechos sobre tierra con obligaciones ambientales. Otros abogan por mayor flexibilidad que permita a ejidos asociarse libremente con empresas sin perder protecciones constitucionales. El debate no es técnico solamente; es sobre qué tipo de campo y qué tipo de país queremos construir.
La siguiente generación de profesionales del derecho enfrentará retos agrarios que combinarán tradiciones centenarias con crisis globales. Requerirán comprender tanto la lógica del Artículo 27 constitucional como de tratados internacionales sobre cambio climático, tanto de asambleas ejidales como de contratos inteligentes en blockchain para trazabilidad agrícola.
Para quienes este panorama despierta interés genuino, el camino profesional comienza construyendo fundamentos sólidos en el derecho como disciplina. La Licenciatura en Derecho en línea ofrece las bases teóricas y metodológicas que todo jurista necesita antes de especializarse en áreas complejas como el derecho agrario. Programas formativos con validez oficial ante la SEP proporcionan el respaldo académico necesario para luego abordar especializaciones de alto nivel.
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El Derecho Agrario mexicano no es reliquia histórica sino campo vivo, dinámico, esencial. Cada hectárea en disputa, cada asamblea ejidal, cada sentencia de tribunal agrario escribe el siguiente capítulo de una historia que comenzó con revolucionarios armados exigiendo justicia y continúa hoy con abogados, campesinos y comunidades redefiniendo qué significa la tierra en el siglo XXI.
