Terapias de conversión: ¿por qué prohibirlas legalmente?
Las terapias de conversión son prácticas pseudocientíficas y violatorias de derechos humanos. Descubre el marco legal que las regula y por qué su prohibición es urgente.
En 2023, un joven de 19 años fue sometido por su familia a sesiones de "terapia" para "corregir" su orientación sexual. Tres meses después, intentó quitarse la vida. Esta historia, replicada miles de veces en México y el mundo, tiene nombre: terapias de conversión. Y aunque parezca increíble, estas prácticas —pseudocientíficas, tortuosas y demostradamente dañinas— siguen operando en la sombra. ¿Qué hace falta para erradicarlas desde el marco legal?
¿Qué son exactamente las terapias de conversión?
Las terapias de conversión son intervenciones que buscan cambiar, reprimir o modificar la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de una persona. Van desde sesiones de "consejería" hasta prácticas brutales como electroshocks, medicación forzada, violaciones correctivas o confinamiento. Todas comparten una premisa falsa: que ser LGBTQ+ es una enfermedad o desviación que puede y debe "curarse".
Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Psicológica Americana (APA) y la Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM) han sido contundentes: estas prácticas no tienen fundamento científico, son éticamente reprobables y causan daños severos como depresión, ansiedad, ideación suicida y trastorno de estrés postraumático.
A pesar de esto, persisten en consultorios privados, espacios religiosos y organizaciones «pro-familia». La pregunta no es si debemos prohibirlas, sino cómo diseñar marcos legales efectivos que las eliminen sin dejar vacíos jurídicos.
El panorama legal en México y el mundo
La regulación de las terapias de conversión ha avanzado de manera desigual. Brasil las prohibió en 1999, siendo pionero en la región. Malta aprobó en 2016 una de las legislaciones más estrictas del mundo, castigando con prisión y multas a quienes practiquen o promuevan estas intervenciones. Canadá siguió en 2021 con una ley federal que criminaliza tanto su práctica como su publicidad y beneficio económico.
En México, el panorama es fragmentado. Ciudad de México las prohibió en 2020, estableciendo sanciones administrativas para profesionales de la salud. Jalisco y Morelos han aprobado prohibiciones similares. Sin embargo, 29 estados carecen de legislación específica, lo que permite que estas prácticas continúen operando impunemente bajo diferentes nombres: «terapia restaurativa», «consejería de desarrollo sexual» o «acompañamiento pastoral».
Esta disparidad legislativa representa un problema de derechos humanos. Una persona LGBTQ+ en Chiapas o Guanajuato carece de las protecciones legales que tendría en la capital. La ausencia de una ley federal permite que quienes practican estas intervenciones simplemente se reubiquen o operen en línea, evadiendo jurisdicciones locales.
Los desafíos jurídicos de la prohibición efectiva
Prohibir las terapias de conversión implica resolver dilemas legales complejos. El primero es definirlas con precisión jurídica. Una redacción vaga puede generar vacíos; una excesivamente amplia puede criminalizar conversaciones legítimas entre terapeutas y pacientes que exploran su identidad sin coerción.
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El segundo desafío es equilibrar libertades. Algunos grupos argumentan que prohibir estas prácticas viola la libertad religiosa o el derecho de los padres a educar a sus hijos. Sin embargo, la jurisprudencia internacional es clara: ningún derecho —ni la libertad religiosa ni la patria potestad— puede justificar violaciones a la integridad personal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el Estado tiene obligación de proteger a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente menores de edad.
El tercer reto es la implementación. Las leyes existentes suelen limitarse a sanciones administrativas contra profesionales regulados (médicos, psicólogos). Pero ¿qué ocurre con pastores, coaches o «terapeutas alternativos» que operan fuera de colegios profesionales? ¿Cómo fiscalizar sesiones que ocurren en espacios privados? Aquí es donde el diseño legal requiere creatividad: protocolos de denuncia, campañas de prevención, capacitación obligatoria y coordinación entre autoridades sanitarias, educativas y de protección infantil.
Elementos de una legislación efectiva
Las mejores prácticas internacionales sugieren que una ley integral contra las terapias de conversión debe incluir estos componentes:
- Definición clara y exhaustiva: especificar conductas prohibidas sin ambigüedades, incluyendo prácticas formales e informales.
- Protección reforzada para menores: prohibición absoluta sin excepciones, reconociendo su particular vulnerabilidad.
- Sanciones diferenciadas: desde administrativas (suspensión de licencias) hasta penales (prisión) según gravedad y reincidencia.
- Mecanismos de denuncia accesibles: líneas confidenciales, protección a testigos, inversión de carga de la prueba en casos con menores.
- Reparación del daño: compensación económica, atención psicológica gratuita y reconocimiento público del agravio.
- Prevención y educación: campañas en escuelas, capacitación obligatoria para profesionales de salud y educación.
Un modelo destacado es el de Canadá, cuya ley no solo criminaliza la práctica, sino también el lucro derivado (cobrar por sesiones), la publicidad (promoverlas en medios) y el traslado de menores al extranjero con este propósito. Esta amplitud evita evasiones mediante tecnicismos.
El papel del derecho en la construcción de sociedades inclusivas
Regular las terapias de conversión no es solo cuestión de sancionar conductas dañinas; es un acto simbólico de reconocimiento. Cuando un Estado prohíbe estas prácticas, envía un mensaje inequívoco: las personas LGBTQ+ no necesitan «corrección» porque no están enfermas. Su existencia es legítima, su dignidad es innegociable.
Este tipo de legislación requiere profesionales del derecho que comprendan tanto el marco constitucional de derechos humanos como las dinámicas sociales que perpetúan la discriminación. Abogados capaces de litigar estratégicamente, de proponer iniciativas legislativas robustas, de defender casos ante tribunales internacionales.
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Las terapias de conversión seguirán existiendo mientras existan vacíos legales que las amparen. Cerrar esos vacíos es responsabilidad de cada generación de juristas que decide que la dignidad humana no es negociable.