México controla 3.1 millones de kilómetros cuadrados de océano, una superficie mayor que su territorio terrestre. Sin embargo, pocos conocen las reglas que determinan quién puede pescar, extraer petróleo o navegar por estas aguas. El derecho marítimo no solo define fronteras invisibles: determina la economía, la seguridad nacional y el futuro energético del país.
La Zona Económica Exclusiva: Soberanía Bajo el Agua
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 estableció que cada país costero puede reclamar una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de hasta 200 millas náuticas desde su línea de costa. En este espacio, México ejerce derechos soberanos sobre recursos naturales: pesca, hidrocarburos, minerales del fondo marino y energía renovable oceánica.
Pero la soberanía tiene matices. Dentro de la ZEE, otros países mantienen libertad de navegación y sobrevuelo. Un buque japonés puede cruzar aguas mexicanas sin permiso, pero no puede pescar un solo atún sin autorización. Esta distinción ha generado conflictos diplomáticos cuando embarcaciones extranjeras «confunden» tránsito inocente con actividades extractivas.
El caso más emblemático ocurrió en 2017, cuando México decomisó 300 toneladas de tiburón a barcos asiáticos en el Pacífico. La legislación nacional, alineada con el derecho internacional, permite estas acciones cuando se vulnera la soberanía económica. La Ley Federal del Mar y su reglamento establecen sanciones que van desde multas millonarias hasta el decomiso permanente de embarcaciones.
Mar Territorial vs. Zona Económica: Diferencias Que Importan
Muchos confunden mar territorial con zona económica, pero las implicaciones legales son radicalmente distintas. El mar territorial se extiende 12 millas náuticas desde la costa y representa soberanía plena: México controla todo lo que sucede en ese espacio, incluyendo el paso de embarcaciones militares extranjeras que deben solicitar autorización previa.
Más allá de esas 12 millas y hasta las 200 comienza la ZEE, donde la soberanía se limita a aspectos económicos. Esta arquitectura jurídica busca equilibrar intereses: proteger recursos nacionales sin obstaculizar el comercio internacional marítimo. En la práctica, significa que México puede otorgar concesiones petroleras en su ZEE, pero no puede impedir que un crucero extranjero la atraviese.
La plataforma continental añade otra capa de complejidad. Cuando el lecho marino se extiende más allá de las 200 millas náuticas, un país puede reclamar derechos sobre recursos del subsuelo hasta 350 millas. México presentó ante la ONU en 2007 su propuesta de extensión en el Golfo de México y el Pacífico, respaldada con estudios batimétricos que le dieron derechos adicionales sobre 46,000 km² de fondos marinos.
Recursos en Disputa: Del Petróleo al Litio Marino
El petróleo submarino representó durante décadas el principal interés en la ZEE mexicana. La plataforma de Campeche concentra yacimientos que generan el 70% de la producción nacional de crudo. Sin embargo, el agotamiento de campos tradicionales y el descubrimiento del yacimiento Zama en 2017 —compartido con aguas estadounidenses— ha complicado la gestión legal de estos recursos.
Los tratados de delimitación marítima con Estados Unidos (1978, 2000) establecieron cómo compartir yacimientos transfronterizos, pero cada proyecto requiere negociaciones específicas. El derecho marítimo internacional permite la «unitización»: explotar conjuntamente un depósito que cruza fronteras marítimas, distribuyendo beneficios según el volumen en cada ZEE.
Más allá del petróleo, los nódulos polimetálicos del fondo marino contienen litio, cobalto y tierras raras esenciales para baterías y tecnología verde. México participa en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos evaluando regulaciones para minería en aguas internacionales, mientras explora el potencial extractivo en su propia ZEE. La legislación nacional aún carece de marcos específicos para estas actividades, generando incertidumbre jurídica que retrasa inversiones.
Protección Ambiental: El Otro Lado de la Soberanía
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La soberanía sobre recursos implica responsabilidad ambiental. México debe prevenir contaminación, proteger especies migratorias y gestionar áreas marinas protegidas dentro de su ZEE. El caso de la vaquita marina ilustra esta tensión: la prohibición de pesca con redes agalleras en el Golfo de California generó conflictos con pescadores locales que argumentaban afectación a sus derechos laborales.
La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) debe equilibrar conservación con aprovechamiento sostenible, aplicando tratados como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas. Cuando un barco captura ilegalmente totoaba en la ZEE mexicana, no solo viola leyes nacionales: incurre en infracciones al derecho ambiental internacional que pueden activar sanciones comerciales.
Las áreas naturales protegidas marinas cubren el 23% de la ZEE mexicana, según la CONANP. Reservas como el Archipiélago de Revillagigedo o el Parque Nacional Cabo Pulmo requieren regímenes jurídicos complejos que limitan actividades extractivas sin violar derechos de navegación internacional. El diseño de estos marcos legales combina derecho ambiental, tratados internacionales y regulación administrativa.
Controversias Actuales: Fronteras Marítimas Sin Resolver
A pesar de décadas de tratados, México mantiene disputas marítimas pendientes. Con Honduras en el Caribe y con Estados Unidos en zonas del Pacífico existen delimitaciones incompletas. Estos vacíos legales generan incidentes menores pero recurrentes: embarcaciones que pescan en «zonas grises» sin claridad sobre qué país tiene jurisdicción.
El Polígono Occidental en el Golfo de México representa otro caso peculiar. Esta área de 17,467 km² permaneció sin delimitar entre México, Estados Unidos y Cuba hasta acuerdos recientes. Durante años, operó como zona de facto internacionalizada donde las tres naciones evitaban acciones unilaterales para prevenir conflictos diplomáticos. La firma del tratado trilateral en 2000 permitió finalmente exploración petrolera coordinada.
El cambio climático añade incertidumbre. La elevación del nivel del mar puede modificar líneas de base desde donde se miden las 200 millas náuticas. ¿Qué sucede con la ZEE de una isla que desaparece bajo el agua? El derecho marítimo internacional aún debate estas cuestiones, pero México ya evalúa cómo proteger jurídicamente sus reclamos ante posibles alteraciones geográficas.
Formar Profesionales Que Naveguen Esta Complejidad
La gestión de estos desafíos requiere profesionales con bases sólidas en derecho internacional, legislación ambiental y regulación administrativa. Aunque el derecho marítimo constituye una especialización avanzada, el camino comienza con formación jurídica integral que permita comprender los principios fundamentales del sistema legal mexicano e internacional.
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El océano no solo representa el 70% de la superficie del planeta: concentra recursos estratégicos y desafíos legales que definirán las próximas décadas. Comprender las reglas que gobiernan estos espacios es entender cómo funciona realmente la soberanía en el siglo XXI.
